Revista de la Facultad de Derecho

Panorama actual del derecho procesal constitucional

Ruben Correa Freitas — 2022-04-06

Se analiza la importancia que tiene el Derecho Procesal Constitucional, como una disciplina autónoma del Derecho Público, a partir de los desarrollos doctrinales realizados tanto en América Latina como en Europa. Se reconoce la enorme importancia que ha adquirido esta disciplina en los últimos cuarenta años, con aportes significativos desde el punto de vista académico y normativo en las modernas Constituciones. Se plantea el problema de la terminología utilizada en la doctrina europea y latinoamericana, especialmente los conceptos de Jurisdicción constitucional, Justicia constitucional, Contencioso constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Se realiza un examen de los diferentes modelos de control de constitucionalidad en el Derecho Comparado, a partir de los modelos tradicionales difuso y concentrado, conocidos como modelos estadounidense y austríaco, con un examen particular de la hibridación de los sistemas tradicionales que se ha producido tanto en Europa como en América Latina.

Conflictos móviles y derecho transitorio en la ley general de derecho internacional privado

Ruben Santos Belandro — 2022-04-06

Enfrentados a la necesidad de resolver el problema que suscita el conflicto de leyes en el tiempo en el ámbito del Derecho internacional privado, es posible afirmar que, dadas las circunstancias de nuestra disciplina, no es posible aceptar un método único para solucionar dicho conflicto, sino que existe un pluralidad de estrategias metodológicas, adaptadas a las fuentes, necesidades y objetivos de cada subgrupo de los que está compuesta y, más precisamente, en la creciente especialización de ciertas áreas de la misma.

La reparación del daño como elemento de la justicia restaurativa en la violencia de pareja dentro del contexto familiar, desde la perspectiva de la Ley General de Víctimas: Caso Nuevo León, México

Gabriel de Jesús Gorjón Gómez — 2022-04-06

Ante la presencia de los constructos de la justicia restaurativa en las medidas de la reparación integral del daño mencionadas en la Ley General de Víctimas, concatenado
con otros fundamentos legales existentes que la sustentan, así como por la operatividad jurídica que otorga y respalda una filosofía reparadora, se desarrolla el enfoque
restaurativo de la reparación del daño en el proceso penal mexicano en los casos de violencia familiar, particularmente en la mujer víctima de la violencia de su pareja.

El camino de la justicia energética en Argentina: desafíos y riesgos de las energías renovables en el desarrollo de la sustentabilidad ambiental, económica y social

Eduardo Esteban Magoja — 2022-04-06

Uno de los grandes problemas actuales es la contaminación ambiental que se produce como consecuencia del uso generalizado de combustibles fósiles. En este escenario, existe cierto consenso acerca de que las energías renovables son clave a los efectos de frenar la destrucción del planeta y generar un comportamiento energético ecológico. Sin embargo, algunos estudios han advertido que estas nuevas tecnologías no son inocuas ni gratuitas y tienen potenciales efectos desfavorables en la estructura socioeconómica.

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de los desafíos y riesgos que conllevan las energías renovables con el fin de diagramar directrices respecto a su producción, adopción y distribución en Argentina. Se busca, de este modo, indagar el modo de fomentar el desarrollo sostenible y, en definitiva, contribuir a la realización de la justicia energética de acuerdo con los principios y fines del Estado ambiental de derecho.

Análisis de la jurisprudencia de la corte electoral en materia de inscripción de partidos políticos

Jean-Paul Tealdi — 2022-04-06

Históricamente, la Corte Electoral tuvo un procedimiento reglamentario para la inscripción de nuevos partidos políticos. La Constitución uruguaya a partir de 1997 prevé que para que los partidos políticos puedan participar en el ciclo electoral (elecciones nacionales, departamentales y municipales), es necesario que realicen elecciones internas primarias, simultáneas y obligatorias para dichos partidos.

La Ley N° 18.485 de 11 de mayo de 2009, en los artículos 7° a 9° establece la forma de cómo deben constituirse los partidos políticos, qué documentos deben presentar los solicitantes, así como los plazos para interponer objeciones y el procedimiento ante la Corte Electoral.

La Corte Electoral desde el año 2010 a la fecha ha recibido solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos, dictando para ello la reglamentación de los artículos señalados. Por Circular N° 8894 de 13 de noviembre de 2012, se estableció que las solicitudes de los partidos políticos que quieran participar en el período electoral siguiente, deben ser presentadas 150 días antes de la fecha de las elecciones internas. Hasta el año 2019 y desde el año 2012 se han presentado alrededor de quince solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos en aplicación de la ley señalada.

No todas las solicitudes han culminado con la inscripción del partido político, siendo objetadas por particulares, por otros partidos o por la propia Corte Electoral.

Conspiración, cómplice y responsabilidad Pinkerton: ¿dónde termina la responsabilidad penal? Un estudio sobre el sistema de responsabilidad penal estadounidense

Nicolás S. Cordini — 2022-04-07

La conspiración es un delito incipiente que permite el castigo de personas que acuerdan cometer un delito incluso si ellos nunca llevan adelante su plan o si son aprehendidos antes de alcanzar su objetivo. El delito de conspiración debe distinguirse claramente de la categoría ‘cómplice’. Este delito incipiente cumple una serie de funciones diversas que son satisfechas por otros dispositivos jurídicos en los sistemas legales continentales. La membresía a una conspiración genera un estándar para mantener a cada conspirador cómplice en los delitos cometidos por los otros conspiradores. La única restricción a esta prueba de complicidad es que el delito se cometa en cumplimiento del objetivo criminal de la conspiración. Dicha responsabilidad se ve amplificada más aún a partir de la doctrina Pinkerton. La superposición entre estos enfoques crea una red muy complicada de desentrañar. Por ello, en la presente investigación analizaremos la conspiración y su relación otros sistemas de responsabilidad (cómplice, responsabilidad Pinkerton) conforme al arsenal conceptual aportado por el common law, el objetivo principal será su análisis y crítica desde el propio sistema penal norteamericano.

La agencia de evaluación de tecnologías sanitarias en Uruguay

Natalia Veloso Giribaldi — 2022-04-08

Análisis sobre las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y las particularidades de su creación en Uruguay como persona de derecho público no estatal.

La racionalidad democrática como condición normativa para la aplicación del margen de apreciación nacional en el ámbito del control de convencionalidad. Una herramienta para la protección de las minorías

Luis Fleitas de León — 2022-04-29

El objeto de este trabajo es proponer a la racionalidad democrática como condición normativa para la aplicación del criterio del margen de apreciación nacional creado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito del control de convencionalidad, que profiere un margen de deferencia a favor del Estado enjuiciado en la solución nacional del caso y supone una autolimitación del Tribunal en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. El estudio se realizó a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos planteados contra Francia por la aplicación de la Ley de laicidad en las instituciones educativas, n.º 2004228, que concretó el valor constitucional de la laicidad desde la perspectiva religiosa de la cultura mayoritaria, omitiendo
―a mi criterio― la perspectiva de los grupos minoritarios y afectando, en consecuencia, los derechos de sus integrantes.

Naturalmente, las reflexiones que se vierten son extensibles a cualquier tribunal o corte internacional de derechos humanos que se plantee la posibilidad de aplicar este criterio en el marco del control de convencionalidad.

Grado de cumplimiento del Estado uruguayo respecto de las sentencias de condena recaídas en su contra en los últimos 10 (diez) años. Resultado de investigación

Verónica Saizar — 2022-05-02

El artículo presenta los resultados de una investigación llevada a cabo acerca del cumplimiento por parte del Estado uruguayo respecto de las sentencias recaídas en su contra, haciendo un corte temporal para el análisis, entre los años 2010 a 2020. El marco teórico de la investigación se centra en el análisis del Estado de Derecho como categoría conceptual y filosófica, estudiándose además, al cumplimiento de sentencias como un indicador propio del Estado de Derecho. El relevamiento empírico se compone de una dimensión cuantitativa y cualitativa de análisis, cuyo contraste permite arribar a las conclusiones finales. Entre ellas, y sin agotar en forma explícita cada una de ellas: la constatación respecto de la dilación de tiempos en los procesos jurisdiccionales, la necesidad de intimación al Estado para el cumplimiento de las sentencias, la gran predominancia de asuntos en materia civil, así como también, la recomendación de mejoras al sistema informático que nutrió el relevamiento empírico, en función de algunos problemas detectados.

Sobre los derechos en la constitución uruguaya. Una propuesta de revisión conceptual

Diego Gamarra Antes — 2022-05-10

Se presenta una interpretación del artículo 7 de la Constitución uruguaya desafiante de la asentada en la literatura predominante. Se propone una revisión conceptual sobre los derechos a partir de la asunción de una doble dimensión de las cláusulas que los formulan con abstracción –incluido el referido artículo 7–, en tanto comprensivas de mandatos de respeto y protección de mínimos determinantes de dignidad intangibles –los derechos propiamente dichos– y, a la vez, de maximización del conjunto de los bienes en cuestión más allá del mencionado umbral. En ese marco, se desestima la distinción entre derechos preexistentes y consagrados, se ensaya una interpretación de la expresión “razones de interés general” y se sugiere considerar diferentes niveles de deferencia jurisdiccional
al controlarse la regularidad constitucional de los actos legislativos.