Armas de fuego en Uruguay. Una revisión exploratoria a partir de datos de la encuesta de Acceso a la Justicia, 2013
Firearms
in Uruguay. An exploratory review based on data from the survey of
Access to Justice, 2013
Luis
Eduardo Morás
Instituto de Sociología Jurídica.
Facultad de Derecho, UdelaR
lemoras@hotmail.comF
Henry Trujilo
Instituto de Sociología Jurídica.
Facultad de Derecho, UdelaR
henryt@montevideo.com.uy
Recepción:
11/02/2015
Aceptación: 25/03/2015
Resumen: A pesar del protagonismo que las armas de fuego poseen en el continente, tanto en la proliferación de la violencia y criminalidad como en la letalidad de los conflictos que se presentan cotidianamente, los estudios empíricos sobre este fenómeno son todavía escasos y metodológicamente débiles. A esta realidad no resulta ajena Uruguay, una sociedad que ha sido categorizada por organismos internacionales entre aquellas que mantienen mayor proporción de armas entre la población civil, no obstante lo cual la investigación en la materia adolece de serias limitaciones. Este artículo pretende mejorar el conocimiento sobre la presencia de armas de fuego en los hogares, basándose para tal fin en una encuesta realizada en el marco de un Proyecto de investigación sobre Acceso a la Justicia que se desarrolla en el ámbito de la Facultad de Derecho (UdelaR). A los efectos de contextualizar la realidad uruguaya se analizaron estudios regionales y locales recientes, al tiempo que se enumeran algunas limitaciones metodológicas que presentan los actuales relevamientos. Los resultados que se exponen permiten confirmar algunas tendencias de estudios precedentes, así como acumular nueva evidencia sobre la prevalencia de armas en los hogares y conocer algunas características y actitudes de sus poseedores.
Palabras clave:
armas, Uruguay, prevalencia, encuesta, metodología
Abstract: Despite the
role that firearms have in the continent, both in the proliferation
of violence and crime and the lethality of conflicts that arise
daily, empirical studies of this phenomenon are still scarce and
methodologically weak. This reality is not foreign to Uruguay, a
society that has been categorized by international organizations
among those who maintain higher proportion of weapons among
civilians, in spite of that the research in this area has serious
limitations. This article aims to improve knowledge about the
presence of firearms in homes. For this purpose is based on a survey
conducted within the framework of a research project on Access to
Justice that develops in the field of Facultad de Derecho (UdelaR).
In order to contextualize the situation in Uruguay, recent regional
and local studies are analyzed, while are listed some methodological
limitations of current surveys. The results presented allow confirm
some trends of previous studies, and accumulate new evidence on the
prevalence of guns in homes, as well as know some characteristics and
attitudes of their owners.
Keywords: firearms,
Uruguay, prevalence, survey, methodology
Introducción
En América
Latina, el problema de la tenencia de armas de fuego 1 en manos
civiles se ha vuelto un objeto de la política pública,
en tanto el continente posee registros elevados de violencia y
criminalidad y las armas de fuego constituyen el principal vector
epidemiológico de las muertes por violencia (Dreyfus, P. y de
Sousa, M., 2005, Karp, A., 2009, Kessler, G., 2011). No es de
extrañar que recientemente crezca el número de estudios
académicos y técnicos sobre el tema, los que comienzan
a construir una imagen más precisa del fenómeno. 2 No
obstante las debilidades históricas de los registros de
información en el continente, se han logrado desarrollar
relevamientos interesantes, en particular en Brasil. En ese país,
a la preocupación por el alto índice de violencia
urbana se ha sumado el interés por algunas medidas novedosas,
como la promoción de un plebiscito y campañas de
desarme con amplias repercusiones. Un estudio de impacto sobre esas
medidas encuentra un efecto en el sentido esperado, lo que alienta la
prosecución de esas políticas (Dos Santos, M., y
Kassouf, A. L., 2012). Esto parece confirmar la idea, muchas veces
asociada a políticas liberales de control del crimen, respecto
a que las armas de fuego en manos civiles sirven muy poco para la
autodefensa y terminan alimentando arsenales ilegales, cuando no son
la causa de graves accidentes domésticos.
En otros países,
la investigación está menos desarrollada, pese a que
los datos existentes pueden llegar a mostrar una gran cantidad de
armas en manos de particulares, como es el caso de Uruguay.
Este trabajo intenta
aportar algunos elementos adicionales al conocimiento sobre el
fenómeno de la tenencia de armas de fuego en los hogares. Se
usa para ello un conjunto de preguntas incluidas en una encuesta
realizada en el marco de un Proyecto de investigación más
amplio, desarrollado en el ámbito de la Facultad de Derecho.3
Entre otros objetivos este estudio tuvo como finalidad estimar la
prevalencia de hogares con armas de fuego y conocer algunas
características y actitudes de los poseedores. Los resultados
obtenidos a través de la declaración de los miembros de
hogares que fueron entrevistados, resultaron en grandes líneas
convergentes con otros estudios previos realizados en Uruguay.
Antecedentes para Uruguay
A pesar que desde
2009 el problema de la seguridad ha pasado a ser el principal motivo
de preocupación de la población(Paternain, R., y Rico,
A., 2012,16), según datos coincidentes de todas las encuestas
publicadas sobre el tema, no se cuenta con datos confiables o
precisos sobre la cantidad de armas, sobre su relación con la
victimización o con la percepción de inseguridad, ni
existe evaluación de las pocas medidas tomadas en la materia.
Esta situación es bastante típica, en particular en
países latinoamericanos, donde los registros de armas son
relativamente recientes.
A su vez, menos
habituales aún resultan los estudios sistemáticos que
consideren y combinen sus resultados con una multiplicidad de fuentes
como lo sugieren los estudios desarrollados por el Small Arms Survey
(SAS). Dicha organización, atendiendo los diversos problemas
que enfrenta determinar con precisión la magnitud y
consecuencias de la posesión de armas en manos civiles, ha
propuesto la necesidad de abordar el tema considerando diversas
fuentes.
Según la
misma, una aproximación confiable al número de armas
existentes en una sociedad debiera considerar un conjunto de
instrumentos que permitan realizar una evaluación realista,
basándose para ello en “una amplia gama de fuentes y
mecanismos de información, y en la utilización del
máximo número posible de métodos diferentes”.
(Small Arms Survey, 2011, 2) Entre las fuentes que se sugiere adoptar
figuran, además de los registros oficiales de armas, las
opiniones de informantes calificados, algunos indicadores indirectos
como ser la proporción de muertes violentas por armas de fuego
y la comparación por analogías entre países con
indicadores razonablemente confiables. Un lugar destacado en estas
posibles fuentes de datos, lo ocupan las encuestas de opinión
pública, insumo que como aporte al debate se desarrollará
en el capítulo IV de este trabajo.
A pesar de contar
desde 1944 con uno de los primeros registros oficiales del
continente, nuestro país no escapa al hecho de que realizar
una cuantificación precisa del número de armas en manos
de civiles, no resulta una tarea sencilla. Entre otras razones,
pueden citarse las diversas motivaciones presentes en los ciudadanos
para acceder a las mismas, así como las dificultades
existentes en los registros públicos para la contabilización
y fiscalización del destino final de las armas. Como
resultado, no se poseen cifras confiables sobre un recurso que en
ocasiones puede significar un cuestionamiento al monopolio de la
fuerza en manos del Estado. A su vez, debe considerarse que desde el
año 2006 comienza a existir una mayor difusión de los
efectos perversos que conlleva la tenencia de armas y a debatirse
propuestas legislativas para limitar el acceso a las mismas. Resulta
muy probable que, como corolario de las campañas que
desestimulan la posesión y la amenaza legal de mayores
controles, exista una considerable subdeclaración de la
presencia de armas cuando se apelan a los sondeos de opinión
pública como fuente de información.
Un breve recorrido
por algunas de las estimaciones existentes permite apreciar una
considerable distancia en las cifras que se manejan, dependiendo de
las fuentes que se utilicen. Un volumen de armas que superaría
el millón, presentes en el 30% de los hogares del país
ha sido manejado por distintos expertos y organizaciones sociales
(Sanseviero, R., 2006) y retomadas por los informes internacionales
sobre la situación del país (Small Arms Survey, 2011,
OEA, 2008, ONUDOC, 2012) Esta cifra está basada en el volumen
de armas legalmente registradas y asume que por cada una que está
en dicha situación debe agregarse una en el mercado ilegal. Si
bien el criterio para esta estimación recoge parámetros
internacionales aceptados (ver cuadro 1) el volumen aparece como
llamativo y ciertamente cuestionable. Parte del supuesto que todas
las armas registradas desde el año 1944 se encuentran en uso 4
y establece una posterior duplicación por la circulación
de las no registradas e ilegales incautadas en procedimientos
policiales. Indudablemente, resulta muy discutible sostener la
existencia de un arma ilegal por cada una legal. Si bien esta
presunción parte de la constancia que esa es la relación
de armas legales respecto a las no registradas incautadas por la
policía en relación a hechos delictivos existente entre
los años 2005 al 2013, resulta razonable suponer que las armas
no registradas estarán sobre representadas en ese tipo de
hechos. No obstante, establecer una conclusión definitiva
sobre posibles hipótesis se dificulta en virtud que “de
diez armas que se incautan en procedimientos policiales, cuatro nunca
llegan al registro” y por ende se desconoce tanto su
procedencia como destino final.5
Cuadro 1: Proporción de Armas legales e Ilegales (2009)
País Legales Ilegales (estimadas) Argentina 2.597.122 700.000-2.000.000 Brasil 5.240.000 4.400.000 Chile 738.000 750.000-1.300.000 Colombia 706.000 800.000-2.400.000 Ecuador 117.000 250.000
País Legales Ilegales (estimadas) Paraguay 330.00 650.000 Perú 236.000 500.000 Uruguay 593.000 500.000 Venezuela 500.000-1.500.000 1.100.000-2.700.000
Elaboración propia en base a f(2009)
Basado también
en el análisis de los registros oficiales, otro intento de
aproximación al volumen de armas existentes en manos
particulares realizado en el año 2006, desglosaba las casi
600.000 armas que reportaban dichos registros y que establecían
una proporción de 18 armas cada 100 habitantes (Fleitas, D.,
2006, 51). Según este estudio un 23% de las armas son rifles,
posiblemente destinado a caza deportiva, y el total de armas cortas
registradas (revólveres y pistolas) ascendía hacia 2006
a 359.786. Al mismo tiempo, existían 385.008 personas
registradas como propietarias. Del total de armas, 8,35% pertenecen a
la policía y el ejército (lo que daría una cifra
de 49.000). Por otra parte, existían en esa fecha unos 12.000
guardias privados de seguridad, un tercio de ellos con armas lo cual
restaría al volumen final unas 4.000.
Con estos datos, y
de forma especulativa, la cifra en el año 2006 se aproximaría
a unas 350.000 armas cortas en manos de particulares;
correspondiéndose a algo menos del 11% de la población
del país. La estimación realizada en este estudio no
pondera el volumen de las armas no registradas, y a la vez sugiere
una mayor proporción de hogares con armas de la que se obtiene
de las cifras declaradas espontáneamente por distintas
encuestas aplicadas en los últimos años sobre el tema.6
Apelando a otra
fuente de información, hacia el año 2009 un estudio de
opinión ubicaba que el 13.5% de los hogares encuestados
declaraban tener un arma de fuego en su hogar (Tenenbaum, G., 2009).
La muestra comprendía las capitales departamentales y personas
entre 25 y 70 años de edad. De éstos, un 23.6% la tenía
por razones de trabajo –policía o guardia de seguridad-;
además, un 19.4% declaraba tenerla por motivos deportivos; en
virtud de lo cual en este estudio se concluía que: “10.3%
de los hogares civiles del Uruguay urbano tiene arma de fuego. Esto
significa que 69.700 hogares civiles de todas las capitales
departamentales de Uruguay tienen armas de fuego”. (Tenenbaum,
G., 2009, 6)
En un segundo
estudio coordinado por el mismo autor, aunque con una muestra
diferente, estima la cantidad de armas existentes: “Profundizando
un poco más, dado el n muestral y el nº de armas
relevadas en la encuesta, se obtiene que en el territorio urbano del
país hay 14 armas por cada 100 habitantes. Dicha relación,
para una población urbana del país que va de los 25 a
los 70 años, representa 215.093 armas de fuego”.
(Tenenbaum, G., S/F,13)
Las principales
limitaciones de estas aproximaciones residen en muestras que incluyen
sólo las capitales departamentales de todo el país y un
tramo etáreo acotado o algunos estratos socioeconómicos.
Estas proyecciones entonces, no permiten conocer qué ocurre
con las edades comprendidas fuera de esos tramos ni permiten evaluar
el comportamiento de las ciudades pequeñas y zonas rurales del
resto del país.
En otro orden y
respecto al perfil y actitudes que manifiestan los poseedores de
armas, el citado estudio realizado por Tenenbaum en el año
2009 señalaba que las armas están más presentes
a mayor nivel socioeconómico. Asimismo, los “resultados
indican que 7 de cada 10 hogares uruguayos residentes en zonas
urbanas están “poco de acuerdo” o “nada de
acuerdo” con que el arma brinda seguridad”, pero la cifra
de acuerdo aumenta, como era de esperar, entre los poseedores de
armas (58% de acuerdo o muy de acuerdo). Por otra parte, el acuerdo
con la afirmación de que el arma provee seguridad es inversa
con el nivel socioeconómico y educativo, incrementándose
en los niveles más bajos: “Los hogares socio
económicamente altos al mismo tiempo que son quienes más
tienen armas de fuego están más en desacuerdo con que
el arma brinda seguridad” (Tenenbaum, G., 2009, 8-9)7
Es interesante
señalar que el estudio muestra un amplio reconocimiento de que
las armas de fuego son un factor de riesgo, y eso no disminuye
demasiado entre quienes tienen una en el hogar. Por otra parte, solo
un cuarto de los encuestados declara estar de acuerdo con que es
bueno tener un arma en el hogar (aunque se incrementa mucho entre los
poseedores de arma). La mayoría de los encuestados relaciona
el déficit de la acción del gobierno en materia de
seguridad con el sentido de tener un arma. Por otro lado, “un
61.3% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo”
con que si uno tiene un arma y es asaltado, se tiene más
riesgo de perder la vida que si no tuviera arma de fuego”.
(Tenenbaum, G., 2009, 8-18).
En otro apartado, el
estudio muestra que no hay diferencias importantes (solo un 8%) entre
quienes se sienten seguros en su vida cotidiana, según tengan
o no arma.
Es interesante
destacar que, entre los poseedores de arma, hay una mayor proporción
de víctimas de delito o violencia en los seis meses previos
(20% contra 14%).
Nota metodológica
Los datos
presentados en este artículo fueron obtenidos de una encuesta
telefónica realizada entre los días 13 y 25 de
noviembre de 2013 por investigadores de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República. La encuesta tuvo por objetivo
contribuir a la comprensión de las necesidades legales
existentes en la población de Uruguay, cuantificando las
brechas entre la demanda potencial y efectiva de servicios de
justicia, y los contextos en la que ésta se desarrolla. Para
ello se interrogó a los entrevistados sobre la ocurrencia de
situaciones que pudieran haber implicado una restricción a sus
derechos, y en caso afirmativo, qué cosas habían hecho
para solucionarlo. Entre otros temas, también se incluyó
un módulo de victimización –se preguntó si
en el hogar algún miembro había sido víctima de
un delito–, con ítems referidos a acciones tomadas para
prevenir delitos y tenencia de armas, fueran o no usadas con ese fin.
De estos módulos se obtuvieron la mayoría de los datos
utilizados en este artículo.
La muestra utilizada
estuvo compuesta por personas mayores de 18 años,
representativa de la población de todo el país (ver
ficha técnica). El trabajo de campo fue realizado por una
consultora privada. Los números telefónicos contactados
fueron elegidos al azar. Los encuestadores se identificaban como
empleados de la empresa encuestadora e informaban que estaban
realizando una encuesta para Facultad de Derecho de la Universidad de
la República. En total, se realizaron 4251 llamadas. En 2956
casos las entrevistas no fueron realizadas por no ubicarse la persona
o no disponer de tiempo, entre otras razones. En 415 casos las
personas se negaron a responder la encuesta. El total final de
entrevistados efectivos fue de 884.
El formulario de
encuesta fue diseñado por el equipo responsable de la
investigación. Contó con un total de 82 preguntas.
Además, se relevaron datos sociodemográficos habituales
(educación, ingresos, sexo y edad). No se recabaron datos
identificatorios de los entrevistados excepto el nombre de pila.
Ficha Técnica
Universo de estudio:
Hogares particulares en todo el territorio nacional (áreas
urbanas y rurales)..
Sujeto entrevistado: Personas de 18 y más años de edad, residentes en hogares particulares sorteados en todo el territorio nacional que aceptaron responder a la encuesta de forma individual.
Muestreo: Diseño muestral probabilístico estratificado proporcional según peso poblacional de áreas geográficas –departamentos –.
Tamaño de Muestra: 884 Casos;
Margen de Error: a) 884 Casos +/- 3,3% para un nivel de confianza del 95%, siendo p=q=0,5
Marco Muestral: Bases de Telefonía Fija o Bases de Telefonía Celular.
Selección de Entrevistados: Se sortearon hogares a partir de marcos muestrales de telefonía fija o de celular.
Sustitución: Se rellaman contactos hasta en tres oportunidades para reemplazar casos sorteados. También se remplazan casos cuando sujetos contactados rechazan la encuesta.
Validación:
El perfil
sociodemográfico de la encuesta fue consistente con el de la
población general, según datos del Censo 2011.
En primer lugar,
dadas las características de estratificación, la
distribución territorial por departamento siguió la de
la población, con diferencias inferiores a medio punto
porcentual por departamento.
También la
distribución por sexo y edad fue similar a la encontrada en el
Censo 2011, aunque están algo sobre representadas las mujeres
(59,2% en la encuesta, contra 53,1 en el Censo) y las personas de 45
a 64 años (38,3% contra 29,8%).
En cuanto a nivel
educativo, existe un sesgo a favor de los más educados en
detrimento de la representación en el otro extremo de la
dimensión. Esto es un elemento a tener en cuenta en el
análisis, aunque el nivel educativo no aparece asociado a la
declaración de tenencia de armas en principio, como se verá
más adelante.
Limitaciones:
El carácter
limitado de los recursos con que se contó para financiar el
trabajo de campo generó algunas restricciones para el
análisis. En particular, deben señalarse dos. Primero,
que el tamaño de la muestra impide realizar todas las
aperturas que serían deseables para llevar a cabo un análisis
multivariado. Segundo, que el cuestionario solo incluye, con relación
a la tenencia de armas, datos del entrevistado, que no es
necesariamente el miembro del hogar que adquirió o posee
armas. Además, se da un problema de inconsistencia de unidades
de análisis cuando se utilizan datos del individuo para
referirse al hogar.
Pese a esto, se ha
incluido el análisis de la relación de algunas
variables del individuo –particularmente nivel educativo–
con la presencia de armas en el hogar, aceptando que aquella puede
ser una aproximación al clima educativo del hogar, toda vez
que los individuos seleccionados eran mayores de edad y puede
suponerse que en gran proporción son jefes de hogar o
cónyuges 8. En algunos casos, se intentó mejorar el
fundamento de validez del indicador restringiendo el análisis
para las personas de 30 años y más.
Principales hallazgos:
Luego de preguntar
si el entrevistado o algún miembro del hogar había sido
víctima de un delito en los últimos doce meses, se
consultaba qué medidas tomaba la persona para protegerse o
prevenir delitos 9. Se trataba de una pregunta abierta que el
encuestador codificaba en el momento en categorías de
respuesta previamente establecidas. Una de las categorías era
comprar o conseguir un arma.
Solo un 3% mencionó
espontáneamente esa posibilidad. En la tabla 1 se exponen los
porcentajes, en el total de entrevistados, de cada categoría
de respuesta una vez realizada la codificación. Nótese
que en realidad la inversión preferida para protegerse no es
la compra de un arma, sino la instalación de rejas o
blindajes.
Tabla 1: Cosas que hace para protegerse contra el delito:
Porcentaje Consiguió o compró un arma: 2,8% Colocó alarma 1: 2,6% Colocó una cerca electrificada: 2,1%
Porcentaje Consiguió un perro guardián: 17,0% Contraté guardia de seguridad: 1,6% Otro: 3,6% Puso blindaje o rejas en puertas y/o ventanas: 37,2% Toma precauciones en la calle o en la casa (no sale tarde, cierra bien, etc): 30,4%
Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia: estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año 2013.
A continuación se consultaba si había un arma de fuego en el hogar, con independencia de cuál fuera su uso10. Esta pregunta solo se aplicaba a los que no la habían mencionado espontáneamente en la pregunta anterior. Algo menos de un 12% adicional respondió afirmativamente.
Tabla 2: Porcentaje que declara que hay un arma de fuego en hogar (*)
Porcentaje Sin datos 0,2% Sí 11,8% No 85,2% Sub Total 97,2 % (859) No corresponde 2,8% Total 100% (884)
(*) Solo incluye a los que no declararon espontáneamente tener un arma en el hogar.
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
En total, algo menos
de un 15% de la muestra respondió que existía un arma
en el hogar o que había conseguido una específicamente
para prevenir delitos. Esta cifra tiende a converger razonablemente
con las obtenidas por los estudios reseñados anteriormente.
Tabla 3: Porcentaje de personas que declaran haber conseguido un arma, o que existe un arma en el hogar.
Porcentaje válido Válidos Sí 14,6% No 85,4% Total 100,0 % (884)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Solo una parte muy
pequeña de los entrevistados señala que ha conseguido
el arma recientemente, y apenas un 1% que lo ha hecho hace menos de
tres años. Dada la cantidad de armas vendidas anualmente11, la
cifra podría estar indicando subdeclaración.
Tabla 4: ¿Hace cuánto tiempo tienen el arma?
Porcentaje válido Válidos No tiene un arma en el hogar: 85,4% Menos de un año: 0,2% De uno a tres años: 0,8% Entre tres y siete años: 1,5% Más de siete años: 11,7% Ns Nc: 0,5% Total: 100,0 % (884)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
¿Quiénes
son los que declaran tener un arma, o que existe un arma en su hogar?
El cuadro siguiente resume, para variables seleccionadas, los
principales resultados obtenidos del análisis bivariado,
usando el estadístico chi cuadrado para evaluar la posible
existencia de una relación de determinación con la
tenencia de armas o al menos en su declaración.
Posteriormente, se estudiarán con mayor detalle aquellos
factores que presenten asociación significativa. Deben tenerse
en cuenta las limitaciones señaladas en el apartado III,
especialmente las referidas a la imposibilidad de descartar sesgos
cuando se intenta inferir características del real poseedor de
armas a partir de los datos de otro miembro del hogar. Por esa razón,
para las variables sexo y nivel educativo se incorporan también
los resultados considerando solo las personas de 30 años y
más. Aunque esto no soluciona el problema, permite observar
las respuestas entre aquellos que probablemente son jefes de hogar o
cónyuges (ver nota 8).
Tabla 5: Valores de test chi cuadrado de independencia, entre variable Tenencia de armas en el hogar y variables seleccionadas
Variable independiente Valor Chi cuadrado gl p Sexo: 41,709 1 0,000* Sexo (30 años y más): 37,496 1 0,000* En los últimos doce meses, usted o alguien de su hogar, ¿ha sido asaltado, agredido, o ha sido víctima de un delito?: 5,309 1 0,021* Nivel educativo del entrevistado: 1,358 2 0,507 Nivel educativo del entrevistado (30 años y más): 2,496 2 0,287 Zonas de Uruguay: 3,027 3 0,388 Ingresos del hogar (en tres categorías): 7,424 2 0,024* Ingresos del hogar (en tres categorías) (30 años y más): 7,152 2 0,028*
* Probabilidad de error al rechazar la hipótesis nula (independencia) menor a 5% Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia: estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año 2013.
Como se observa, las variables que parecen estar asociadas a la tenencia de armas son el sexo y los ingresos del hogar, no apareciendo efecto del nivel educativo y del territorio. Estos resultados no varían entre los entrevistados con 30 y más años. Además, aparece una asociación significativa vinculada a la exposición del hogar a eventos de seguridad (algún miembro del hogar víctima de delito). De todas ellas, el sexo parece tener una relación más nítida. Como se observa en el siguiente cuadro, si el encuestado es hombre, más que se triplica la probabilidad de declarar que existe un arma en el hogar.
¿Tienen un arma en su hogar? Sí No Total Sexo Hombre 23,8% 76,2% 100,0% (361) Mujer 8,2% 91,8% 100,0% (523) Total 14,6% 85,4% 100,0% (884)
Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia: estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año 2013.
Es relevante prestar
atención al sexo del entrevistado más por sus
implicancias metodológicas que por su papel como determinante
de la tenencia de armas. La asociación entre el sexo del
entrevistado y la declaración de la tenencia de armas puede
hacer sospechar de la confiabilidad del instrumento utilizado para
estimar la prevalencia de armas en los hogares. En efecto, por las
características de la muestra, la elección del
entrevistado podría ser considerada muy próxima a una
elección aleatoria entre los miembros del hogar, por lo que la
distribución de armas no debería tener diferencias
significativas según el sexo del encuestado 12.
Que no sea así
puede explicarse por dos razones. En primer lugar, puede deberse a
que, dado que tener un arma está muy asociado al género
masculino, los hogares solamente compuestos por mujeres tendrán
armas en mucha menor proporción que aquellos donde los dos
géneros están presentes, o solo hay hombres. Los
primeros solo podrán tener una mujer como miembro encuestado,
y por lo tanto habrá una proporción de mujeres en la
muestra cuyos hogares tendrán una menor probabilidad de poseer
armas. Obviamente, en el resto de los hogares (mixtos o solo
masculinos) la probabilidad de tener armas será mayor. De
nuevo, aunque este hecho debe influir seguramente, la diferencia
parece muy grande para ser explicada solamente por él.
Esto lleva a
considerar que la segunda razón: debe existir sub declaración
cuando son mujeres las que responden, o sobre declaración
cuando son hombres.
Lo primero podría
estar vinculado a que no siempre las mujeres conocen la existencia de
armas en el hogar, mientras que probablemente los hombres sí.
Una cuestión
a analizar en el futuro es si este posible sesgo en la declaración
según género altera de forma importante la estimación
de la proporción de hogares con armas y la cantidad de armas
realmente existente en el país. Con los datos actualmente
disponibles, no es posible avanzar en dilucidar este tema.
Un segundo factor
explorado refería al nivel educativo. Al referirse al hogar,
la pregunta por las características del entrevistado podría
introducir un sesgo, ya que no necesariamente son los propietarios o
quienes hacen uso del arma. Sin embargo, los resultados no tienen una
variación importante cuando solo se consideran los
entrevistados de 30 años y más (tabla 7). Dado esto, y
para los fines de este trabajo, de carácter exploratorio, el
nivel educativo del entrevistado puede considerarse un indicador
aproximado del clima educativo del hogar, como se señaló
en el apartado III. En ese sentido, llama la atención que no
se encuentren diferencias notables según el nivel educativo.
Tabla 7: Tenencia de arma en el hogar según nivel educativo del entrevistado
¿Tienen un arma en su hogar? (total de la muestra) Nivel educativo Sí No Total Ciclo básico incompleto o menos: 14,5% 85,5% 100,0% (269) Ciclo básico completo, bachillerato completo o incompleto: 16,2% 83,8% 100,0% (346) Terciaria completa o incompleta: 12,8% 87,2% 100,0% (265) Total: 14,6% 85,4% 100,0% (880)
¿Tienen un arma en su hogar? (solo 30 años y más) Nivel educativo Sí No Total Ciclo básico incompleto o menos: 13,8% 86,2% 100,0% (246) Ciclo básico completo, bachillerato completo o incompleto: 17,3% 82,7% 100,0% (283) Terciaria completa o incompleta: 12,4% 82,6% 100,0% (201) Total: 14,8% 85,2% 100,0% (730)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Sin embargo, los
hogares donde se declaran mayores ingresos parecen tener armas con
más frecuencia, en coincidencia con lo señalado por
otros estudios. En este caso, hogares que declaran ingresos por
encima de 40000 pesos duplican la probabilidad de tener un arma que
los hogares que declaran ingresos por debajo de 15000.
Tabla 8: Tenencia de arma en el hogar según ingresos del hogar
¿Tienen un arma en su hogar? Ingresos Sí No Total Por debajo de 15000$ 9,5% 90,5% 100% (211) De 15000 a 40000$ 15,5% 84,5% 100% (367) Superiores a 40000$ 18,9% 81,1% 100% (185) Total 14,7% 85,3% 100% (763)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Otro de los temas
relevantes es la distribución territorial de la presencia de
armas. Como se dijo antes, territorios con mayor proporción de
población rural, o con cierto tipo de actividad productiva,
podrían tener mayor presencia de armas. En una primera mirada,
eso no se traduce en diferencias globales importantes entre interior
y región metropolitana.
Tabla 9: Tenencia de arma en el hogar según Región (Área Metropolitana/Interior)
¿Tienen un arma en su hogar? Región Sí No Total Área Metropolitana 13,8% 86,2% 100% (506) Interior 15,6% 84,4% 100% (378) Total 14,6% 85,4% 100% (884)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Si se separan los
departamentos por zonas socioeconómicas, siguiendo los
criterios propuestos por Adrián Rodriguez (Rodríguez,
A., 2013) parece existir una mayor proporción de hogares con
armas en las zonas centro y sur. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,
que el tamaño de la muestra no permite hacer esta apertura sin
incrementar el intervalo de confianza. De todas maneras, los datos
sugieren que la distribución territorial de armas y los
factores que la determinan es un área de investigación
que debe ser abordada.
Tabla 10: Tenencia de arma en el hogar según Zonas socio económicas de Uruguay
Zonas socio económicas ¿Tienen un arma en su hogar? de Uruguay Sí No Total Montevideo (bajo porcentaje de NBI): 13,1% 86,9% 100% (375) Zona sur con bajo porcentaje de NBI: 17,2% 82,8% 100% (291) Zona centro (porcentaje medio de NBI): 16,0% 84,0% 100% (94) Zona noroeste (alto porcentaje NBI): 12,1% 87,9% 100% (124) Total: 14,6% 85,4% 100% (884)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Finalmente, la
exposición al delito aparece vinculada a la tenencia de armas.
Los datos de la siguiente tabla sugieren una respuesta positiva (el
coeficiente Chi cuadrado tiene un valor de 5,3 lo que permite
rechazar la hipótesis nula con una probabilidad de error
inferior a 5%), pero hay que recordar que la gran mayoría de
las armas fueron adquiridas en un período anterior al año
de realizado este sondeo (ver Tabla 4), mientras que los delitos
sufridos ocurrieron dentro de los doce meses anteriores a la
encuesta. Por tanto, la explicación más obvia –la
gente compra armas luego de pasar por una experiencia de
victimización– no sería aplicable en este caso.
Tabla 11: Tenencia de arma en el hogar según tener un miembro del hogar víctima de delito en doce meses anteriores
¿Ha sido asaltado, ¿Tienen un arma en su hogar? agredido, o ha sido víctima de un delito? Sí No Total Sí 19,9% 80,1% 100% (186) No 13,2% 86,8% 100% (698) Total 14,6% 85,4% 100% (884)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
¿Cómo
puede entenderse entonces que aquellos que tengan armas tengan alguna
probabilidad adicional de sufrir un delito después que
adquirieron el arma?
Por una parte, no se puede descartar la existencia de una relación causal entre ser víctima de un delito y la compra de armas, ya que la compra pudo haber estado motivada por un delito ocurrido en un período anterior al que la encuesta usó como referencia. Por otra parte, la hipótesis más razonable es que los elementos contextuales que motivan a adquirir un arma, o que hacen más probable tenerla –tener cierto nivel de ingresos, por ejemplo– también hacen más probable ser víctima de un delito (recuérdese que la mayoría de los delitos contra el patrimonio ocurren en barrios del centro y zonas consolidadas de Montevideo, a diferencia de lo que ocurre con los delitos contra las personas (Riella, A. y Viscardi, R., 2003). La tabla siguiente agrega alguna evidencia a favor de esa hipótesis. El porcentaje de los que declaran armas, dentro de los que han sufrido un delito, se mantiene significativamente mayor con relación a los que declaran armas dentro de los no han sufrido delitos, en del área Metropolitana (Chi cuadrado=5,4; p=0,02). En cambio, esa misma diferencia no es significativa en el interior (Chi cuadrado=0,99; p=0,32). Obviamente, las ya señaladas limitaciones de la muestra impiden tomar estos datos como definitivos.
Tabla 12: Tenencia de arma en el hogar según tener un miembro del hogar víctima de delito en doce meses anteriores, por región
Región ¿Tienen un arma en su hogar? Área Metropolitana: Sí No Total ¿Ha sido asaltado, Sí 19,7% 80,3% 100% agredido, o ha sido No 11,7% 88,3% 100% víctima de un delito? Total 13,8% 86,2% 100% Interior: ¿Ha sido asaltado, Sí 20,4% 79,6% 100% agredido, o ha sido No 14,9% 85,1% 100% víctima de un delito? Total 15,6% 84,4% 100%
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Por otra parte, se
vuelve más frecuente afirmar que se ha modificado algún
hábito cuando se ha sido víctima de un delito.
Tabla 13: Modificación de hábito por temor a ser víctima de un delito, según haber sido víctima de delito ¿Ha modificado algún hábito suyo por temor a ser víctima de un delito? Sí No Total ¿Ha sido asaltado, agredido, Sí 54,8% 45,2% 100% (186) o ha sido víctima de un delito? No 30,5% 69,5% 100% (698) Total 35,6% 64,4% 100% (884)
Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia: estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año 2013.
Pero no aparece relación a primera vista entre haber cambiado algún hábito y tener un arma de fuego.
Tabla 14: Tenencia de arma en el hogar, según modificación de hábito por temor a ser víctima de un delito
En el último año, ¿ha modificado algún hábito suyo por temor a ser víctima de un delito? Sí No Total ¿Tienen un arma Sí 32,6% 67,4% 100% (129) en su hogar? No 36,2% 63,8% 100% (755) Total 35,6% 64,4% 100% (884)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Incluso cuando se
abre por región, la probabilidad de haber cambiado un hábito
por temor se reduce algo entre aquellos que tienen un arma, en lugar
de incrementarse en el área Metropolitana, y no cambia en el
interior. Dado el incremento del error que implica la apertura de la
tabla multivariada, la conclusión más sensata es que no
se observa ningún tipo de relación entre tenencia de
armas y cambio de hábitos por temor.
Tabla 15: Tenencia de arma en el hogar, según modificación de hábito por temor a ser víctima de un delito y región metropolitana
En el último año, ¿ha modificado algún hábito Región suyo por temor a ser víctima de un delito? Área Metropolitana: Sí No Total ¿Tienen un arma Sí 35,7% 64,3% 100% (70) en su hogar? No 41,7% 58,3% 100% (436) Total 40,9% 59,1% 100% (506) Interior: ¿Tienen un arma Sí 28,8% 71,2% 100% (59) en su hogar? No 28,5% 71,5% 100% (319) Total 28,6% 71,4% 100% (378)
Fuente: elaboración
propia a partir de microdatos de encuesta Acceso a la justicia:
estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año
2013.
Entonces, el hecho
de tener un arma parece darse en circunstancias que a su vez
favorecen ser víctima de un delito (en especial, tener altos
ingresos). Ser víctima de un delito hace cambiar los hábitos,
pero no es determinante de comprar un arma, que es una decisión
previa. Como se ha señalado, se está lejos de descartar
otras hipótesis, pero esta interpretación de los hechos
es interesante como guía para futuros trabajos.
Reflexiones finales
Como fuera señalado
al comienzo, este trabajo tuvo como objetivo contribuir a mejorar el
conocimiento disponible sobre un tema de indudable impacto público
como lo es la prevalencia de las armas en manos de civiles, así
como ahondar en las características y creencias de quienes
afirman tenerlas en su hogar. Adicionalmente, se exponen también
algunas dificultades metodológicas que actualmente limitan las
investigaciones en esta temática.
Respecto al volumen
de armas, el resultado obtenido (14.6%) si bien algo superior se
encuentra en línea respecto al que establecieron otras
mediciones con método similar, posibilitando dos reflexiones
generales.
En primer lugar, el
volumen de armas declarado se encuentra lejano a las cifras que
mediante otros abordajes metodológicos indicarían que
están presentes en un tercio de los hogares uruguayos. No
obstante, debe atenderse la importante diferencia existente cuando
quienes responden son del sexo masculino (la proporción se
eleva al 23.8%); y que el relevamiento se efectúa en momentos
que se debaten modificaciones legales más restrictivas sobre
la tenencia de armas por particulares.
En segundo término,
sin pretender aquí agotar el tema, si se analizan los datos en
términos comparativos existe una considerable diferencia
respecto a los países vecinos, lo cual permitiría
sostener la hipótesis acerca de nuestra sociedad posee una
alta prevalencia de armas en manos civiles. En efecto, hacia el año
2012, la encuesta Barómetro de las Américas arrojaba
para Uruguay una cifra de 12,2% de hogares con un arma de fuego para
la protección. Para el caso de Brasil, donde también se
aplicó la misma pregunta, el resultado fue de un 3% de los
hogares 13.
En relación
con Argentina, el estudio de Tenenbaum del año 2009 que había
relevado para nuestra realidad un 13.5% basándose en una
metodología similar a la que anteriormente se había
utilizado en el vecino país, concluía que la presencia
de armas alcanzaba allí al 9%. En caso de descartarse las
pertenecientes a las fuerzas de seguridad, los resultados estimados
son de un 10.3% y 6.75% respectivamente. (Tenenbaum, G., 2009, 59)
Respecto al perfil
de los poseedores de armas, en grandes líneas se reafirman
hallazgos de relevamientos anteriores. Entre los principales, se
destacan que el ingreso del hogar está asociado a la tenencia
de armas, aunque no el nivel educativo del entrevistado. Por otra
parte, el hecho de ser víctima de delito también
aparece vinculado a la existencia de armas. Esto puede interpretarse
tanto como que el capital económico del hogar es en definitiva
el determinante (los hogares con mayor ingreso tienen mayor
probabilidad de tener un arma, y al mismo tiempo de ser víctimas
de delito), como que la exposición al delito motiva a adoptar
medidas de protección, entre ellas comprar armas. En contra de
esta última interpretación es que la mayoría de
las armas, según se declara, fueron compradas bastante tiempo
antes del delito sufrido, y por otra parte tampoco aparecen
relaciones nítidas entre tenencia de armas y cambio de hábitos
por temor al delito. De todos modos, pueden estarse obviando la
existencia de algunos elementos de la cultura como determinantes de
la posesión de armas.
En este sentido
puede afirmarse que los motivos para tener arma no están
claros. Si bien la relación con la protección es
mayoritariamente declarada como razón, el origen de la
relación arma-protección es cultural y socialmente
construida en procesos que están lejos de ser bien conocidos.
Asimismo, no hay
señales de que los elementos contextuales generen efectos
relevantes en la tenencia de armas (o al menos, en su declaración).
Particularmente no se encuentran efectos regionales, aunque
investigaciones futuras podrían profundizar en el uso de las
armas (y no solo su existencia en el hogar) y quizás encontrar
diferencias regionales vinculadas al tipo de uso.
Como último
dato destacable, el sexo del entrevistado es determinante de la
declaración de tenencia de armas, lo que sugiere una
subdeclaración en los casos en que el entrevistado es mujer.
Este hecho se observa en otros estudios sobre el tema, y sugiere que
la medición de la presencia de armas en hogares requiere
discusión metodológica adicional.
En este plano, cabe
mencionar algunas limitaciones y desafíos que presenta la
investigación en la materia. De alguna manera los diagnósticos
sobre el volumen total de armas, la cantidad y perfil de las personas
poseedoras y la prevalencia en diferentes tipos de hogares, pretenden
además establecer su relación con otras variables como
ser el impacto en la seguridad ciudadana y los índices de
victimización que su utilización provoca. Incluso,
buena parte de ellos se proponen como objetivo promover políticas
públicas para mitigar los potenciales efectos perversos que
conlleva su proliferación. De allí que a los obstáculos
existentes para una correcta medición se sumen dificultades
conceptuales acerca de qué se pretende medir y cómo
ubicar indicadores válidos y confiables para los fines
propuestos.
A modo de ejemplo,
señalemos algunas situaciones que se prestan a confusiones.
Una habitual división en los diagnósticos, separa
aquellas armas que se encuentran en manos de civiles de las que
poseen las fuerzas de seguridad (militares, policías y
guardias privados), donde se asume que las últimas no
presentan mayores riesgos. Esta diferenciación puede resultar
razonable si lo que se pretende establecer es la cantidad de
ciudadanos que optaron por adquirir un arma como medio de defensa
personal o del hogar. Si el objetivo es apreciar el nivel de
“privatización” del poder de fuego, no sería
correcto acumular volúmenes de armas en manos de agentes de
seguridad estatales con las que tienen los guardias privados de
seguridad.
A su vez, ¿puede
afirmarse en forma contundente que las armas en manos de fuerzas de
seguridad no entrañan riesgos en los hogares? La respuesta,
sin duda, es negativa. Los accidentes por diversos motivos e incluso
la proporción de suicidios y violencia doméstica
actuadas con armas de fuego a nivel de los funcionarios policiales no
sólo es importante, sino que supera con creces el promedio de
la población general del país.14
Dentro del volumen
total de armas registradas suelen restarse aquellas que
presumiblemente tienen fines deportivos, como escopetas y rifles,
asumiendo que difícilmente se utilicen con fines delictivos.
Sin embargo, no puede descartarse la eventualidad de accidentes por
el uso inexperto, su utilización como mecanismo de protección
y en episodios de violencia interpersonal o autoinfligida.
Por otra parte,
diferenciar armas legales e ilegales, también resulta
problemático, si lo que se pretende establecer con mayor
fidelidad es su relación con la consumación de hechos
delictivos. En otros términos, existen armas registradas y un
volumen estimado, aunque no conocido con precisión, de armas
que no están registradas. ¿Puede deducirse que el total
de armas no registradas se encuentran en manos de delincuentes? De
ninguna manera, ya que de acuerdo a la normativa vigente el no
registro representa apenas una falta administrativa y razonablemente
pueden estar mayoritariamente en manos de “ciudadanos honestos”
con fines de autoprotección.
En este sentido,
resulta interesante la clasificación que señala la
existencia de tres mercados de armas: legales registradas, informales
y criminales (Dreyfus, P., y de Sousa Nascimento, M., 2009). En
nuestra realidad, contabilizar la distribución de armas en
estos tres mercados, resulta una tarea imposible de realizar con los
datos actualmente disponibles. De allí que deba invocarse la
necesidad de continuar con los esfuerzos de acumulación de
conocimiento en la materia, así como estimular la generación
de datos fidedignos por parte de los agentes estatales que tienen
responsabilidad en la materia, insumos imprescindibles para formular
políticas públicas eficientes basadas en la evidencia
empírica.
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1 En adelante, se hablará simplemente de “armas”, en el entendido que solo se está hablando de armas de fuego.
2 Entre los trabajos más citados realizados en la última década en la región pueden señalarse: García Pinzón (2012),
Zunino et al.(2008), Otamendi (2011), Rujano et al. (2010), Kessler (2011), Fleitas, Diego (2005), DerGhougassian (2007) y Rangel Bandeira (2012).
3 Proyecto: Acceso a la justicia: estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año 2013. Coordinado por Mag. Henry Trujillo. Facultad de Derecho. UDELAR- CSIC.
4 Delimitar cuáles armas continúan estando razonablemente disponibles para su uso, descartando del registro oficial las inutilizables u obsoletas, no resulta una empresa sencilla si atendemos que “las armas no tienen fecha de vencimiento”. Declaraciones del Director del Registro de Armas del Ejército. Diario El País, 1 agosto de 2011.
5 Entrevista a Ignacio Salamano de IELSUR. Cada 26 horas un uruguayo muere por disparos de armas de fuego, Diario El País, 20 julio de 2014. Al momento de escribir este trabajo, la prensa informa la reapertura del “caso Feldman” quien fuera ubicado con un arsenal en el año 2009. La solicitud parte de un ex ministro de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo a la prensa, el denunciante “concluyó que no coinciden los inventarios que manejó el juzgado, que elevó la Policía en su momento, y los confeccionados por el SMA cuando finalmente recibió el armamento”. Juez denuncia faltantes de armas en arsenal de Feldman. El País, 20 de diciembre de 2014.
6 A los efectos de esta sintética introducción se consideran sondeos publicados recientemente y que focalizan específicamente el tema de las armas. En clara controversia con los números que suelen aportar estas encuestas recientes –que dan una cifra no mayor a 15% de los hogares poseyendo un arma-, un estudio de la empresa CIFRA/González, Raga y Asociados del año 1996 que cubría el Uruguay urbano, revelaba que el 40% de la población consideraba que "por seguridad" es mejor "tener un arma de fuego en la casa". Asimismo “el 22% dice poseer un arma en su hogar, mientras que un 12% la piensa comprar”. El País, 5 de mayo de 1996.
7 En el estudio posterior, Tenenbaum encuentra una mayor proporción de tenedores de armas entre los encuestados que se identifican con la extrema derecha, y entre los votantes del partido nacional, especialmente herreristas, cosa que no sucede con otros sectores políticos, inclusive tradicionales (Tenenbaum, s/f). Es posible que esto se pueda explicar por variables contextuales –zonas de mayor ruralidad, de frontera, etc.- donde una mayor permisividad en el uso de armas se da con una mayor votación de esos sectores políticos.
8 Según datos del Censo de Población 2011, el 74,1% de los mayores de 18 años era jefe de hogar o cónyuge. Esta cifra aumenta al 84,5% entre las personas de 30 años y más. El clima educativo del hogar suele definirse como el promedio de años de la pareja o de los miembros del hogar que están por encima de un umbral de edad definido previamente (Katzman, 2000), con lo que al tomar solo el nivel educativo del entrevistado, se está asumiendo el riesgo de que no corresponda con aquél promedio. Sin embargo, tomando los datos del Censo de hogares 2011 se puede encontrar una fuerte correlación (r= 0.89) entre los años de estudio de cada miembro del hogar de 18 años con el clima educativo del hogar (medido como media de años de estudios de los miembros de 25 años y más). Esto permite fundamentar que, sin ser lo ideal, el nivel educativo de los encuestados puede tomarse como una aproximación aceptable al clima educativo del hogar.
9 La pregunta era: “¿Qué cosas hace para prevenirse o protegerse contra el delito? ¿Alguna otra cosa?”
10 La pregunta era: “¿Hay un arma de fuego en su hogar?”
11 No se tiene una cifra exacta de la cantidad de armas vendidas, pero en el año 2009 se habían importado 5176 armas con destino a la venta a particulares (Venta de armas creció 335% en 4 años. El País, 12/09/2010) y en 2012 fueron 5.827 (Se venden 20 armas por día en el país. El País, 29/9/2013).
12 El mismo fenómeno se registra en otros estudios, aunque no de forma tan pronunciada. En la encuesta Barómetro de las Américas, la proporción de encuestados que declaraban un arma en el hogar era de 16,2% cuando respondía un hombre, pero bajaba a la mitad cuando era una mujer. (Procesamiento propio a partir de datos de Barómetro de las Américas; disponible en www.LapopSurveys.org)
13 Nota El 12,2% tiene un arma en la casa. El País, 16 de junio de 2013.
14 A modo de ejemplo, puede recordarse uno de los casos más paradigmáticos sobre violencia en centros educativos ocurrido en el año 2004 en el liceo No. 13. La estudiante Fiorella Buzzeta, que en ese momento tenía 13 años, quedó paralítica tras ser víctima de un disparo accidental realizado por uno de sus compañeros, familiar de un funcionario policial que resultaba acosado por compañeros y portaba un arma dentro del centro educativo. En el mes de enero de 2015, sobre un total de seis homicidios vinculados a la violencia doméstica, tres casos fueron protagonizados por agentes policiales.